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Rivas Vaciamadrid lleva 18 años reclamando un acceso a la M-50. Los conflictos políticos y administrativos, y la crisis económica han marcado un proyecto que se ha enquistado en el norte de la ciudad y que compromete gravemente su crecimiento. Planeta Rivas analiza en este capítulo de su especial sobre la infraestructura los antecedentes del problema.

El Consistorio ripense presentó en diciembre de 1999 a la Demarcación de Carreteras del Estado, al calor del avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, una alegación al estudio informativo de la M-50, en su tramo entre la N-III y la N-IV, para la construcción de un enlace en el punto kilométrico 17.250. Consistía en la creación de un enlace directo desde el municipio con el túnel de la circunvalación que pasa por debajo de la Cañada Real, habida cuenta de la imposibilidad de conectar el municipio con la R-3 a causa de la orografía.

Según defendía el Ejecutivo municipal, el proyecto era viable técnicamente, pues era equidistante entre los enlaces que ya estaban previstos para el tramo (Velilla de San Antonio y San Martín de la Vega). Sin embargo, tras varias reuniones entre Fomento, el Ayuntamiento y Autopista Madrid Sur (adjudicataria de la R-4, principalmente participada por Cintra -Grupo Ferrovial-, y responsable de la construcción del tramo de la circunvalación entre la A-II y la A-IV), y a pesar de que Rivas ofreció gratuitamente los terrenos para el acceso, la propuesta fue denegada en octubre de 2001. Mientras tanto, el Ministerio aplicaba expropiaciones urgentes en suelo ripense para poder llevar a cabo la circunvalación. Hubo quejas de todos los partidos en el Consistorio, incluido el PP —que por entonces gobernaba el Estado—, cuyo presidente en el municipio entonces, Santiago de Munck, trató de interceder ante el ministro Francisco Álvarez Cascos para llevar a cabo el proyecto. El ‘no’ de Fomento traía, además, otra grave consecuencia para la ciudad, pues trastocaba un principio de acuerdo de permuta de terrenos para que Covibar pasase a depender administrativamente de Rivas-Vaciamadrid, y las esperanzas del municipio para ubicar el Hospital del Sureste en el ámbito, una infraestructura para la que se había reservado suelo público.

El entonces alcalde, Fausto Fernández, trató de aliarse con el regidor de Madrid, José María Álvarez del Manzano, a cuenta de los desarrollos previstos en la zona (Berrocales, Ahijones y Cañaveral) y del correspondiente Plan Especial Municipal de Infraestructuras del Sureste de Madrid (Peisem), en el que la capital proponía la construcción de una vía colectora desde la M-50 a Rivas, para conseguir una respuesta estatal afirmativa. Corrían años de bonanza económica y Rivas tenía previsto aportar unos 24 millones para hacerlo posible. Pero las cosas empeoraron en 2003, cuando fue descubierto en el ámbito el yacimiento aqueológico neolítico de la importantísima mina de sílex de Casa Montero, en Vicálvaro. Este hecho obligó a un replanteamiento del proyecto en la zona. Fernández y su equipo presentaron en abril, previo acuerdo de Pleno, un recurso contencioso administrativo para exigir el acceso. También se hicieron alegaciones ante el nuevo trazado, con el argumento de que el remate norte del municipio quedaba arrinconado y aislado del resto del término municipal.

De esta forma, y ante las reticencias de Fomento al plan inicial, el proyecto mutó y se propuso una conexión por la M-823, que contemplaba una vía de entrada y una de salida al municipio, a pesar de que existe a unos pocos metros del lugar previsto para el proyecto un enlace con la R-3, posterior al cruce con la citada vía regional. Rivas obtuvo el compromiso de apoyo de la Comunidad de Madrid ante el Ministerio de Fomento, a través del entonces consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados. Previamente, el Ejecutivo municipal había acordado con la Junta de Compensación de Los Ahijones sufragar de forma conjunta la ejecución de la infraestructura. El alcalde José Masa negoció poco después que fuesen las promotoras del remate norte de la ciudad, junto con la junta de compensación del desarrollo madrileño, quienes se hicieran cargo del gasto, aunque manteniendo la cesión pública del suelo.

Mapa del trazado de la M-50 (Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid)

Mapa del trazado de la M-50 (Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid)

Con permiso de la concesionaria

Según un escrito remitido por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso este diario digital, en febrero de 2004, la Dirección General regional de Carreteras solicitó autorización para realizar dicho acceso desde la M-823 a las vías colectoras de la M-50, con apoyo municipal. El Consistorio se comprometía a asumir los trámites, gestiones y financiación de la obra, siempre y cuando Fomento autorizase al Consistorio a redactar el proyecto. Masa niega categóricamente, en declaraciones a Planeta Rivas, que ese compromiso supusiera que el Ayuntamiento pagara en solitario la obra, sino, como mucho, que el gasto fuera asumido de forma colegiada con Fomento y los promotores del suelo de la zona.

En el ínterin, se comenzó a estudiar la posibilidad de realizar el acceso propuesto y, en diciembre de 2005, el Ministerio consideró viable el plan y ordenó a Rivas la redacción de un proyecto de trazado, que fue presentado en enero de 2007 y sometido a información pública dos meses después. Fomento imponía, además, una condición: que, además de la Comunidad de Madrid, la concesionaria de la R-3 diera su conformidad al proyecto. Y es que, según una carta remitida por la empresa Accesos de Madrid CESA, concesionaria de la R-3, al Ministerio de Fomento, a la que también ha tenido acceso este periódico digital, en junio de 2006, la compañía avisaba que emprendería acciones legales si percibía un perjuicio económico indemnizable por la construcción del nuevo acceso, es decir, si notaba una reducción de usuarios de su vía de peaje. Tras esta notificación, Fomento instó al Consistorio a alcanzar un acuerdo con la concesionaria.

En noviembre de 2008, tras varias reuniones, se acordó que el Ayuntamiento, tras la obtención de la viabilidad del proyecto, asumiría su redacción, la cesión de suelos y una aportación económica no especificada. En la documentación no se concretaba que ningún otro agente debiera pagar cantidad alguna. A cambio, se firmaría un convenio por el que Fomento asumiría la tramitación, la aprobación del proyecto de construcción, su adjudicación y ejecución.

La apertura del tramo de la M-50, entre la M-45 y la A-3, se produjo en junio de 2007. El acceso a Rivas se suponía que seguía adelante, ya que contaba con los parabienes técnicos y administrativos, se habían calculado ya los costes de expropiación asumidos por el Ayuntamiento (9,5 millones de euros) y no se habían producido alegaciones. Así, se llegó a publicar un edicto al respecto en el BOE en enero de ese mismo año. El Ejecutivo central —a la sazón en manos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero— incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2008, tras una enmienda de Izquierda Unida, una partida de tres millones de euros (se habían solicitado diez) para la construcción de dicho enlace en la parte Norte de Rivas. La enmienda se motivaba en que, ante la saturación de la A-3 y el desarrollo de la urbanización de varios sectores en el sureste madrileño, era necesario construir una vía colectora en el ámbito. Según dicha enmienda, el coste de la infraestructura, que entonces se cifraba en 87 millones de euros, excedía la capacidad financiera del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, por lo que solo era posible abordar los trabajos con la colaboración del Ministerio de Fomento, titular competencial de las vías afectadas.

Desaparición de los presupuestos

La hoja de ruta parecía marcada. El Ministerio de Fomento preveía redactar el proyecto en 2010, tal y como adelantaron entonces fuentes cercanas al departamento que gestionaba José Blanco. En marzo de ese año, se lanzaba un concurso de ideas para la selección del anteproyecto para el enlace entre la M-823 y la M-50, y, cuatro meses después, José Masa pedía a la Demarcación de Carreteras del Estado que acometiese la primera fase de la obra. Para ahorrar tiempo, el Consistorio encargó estudios de tráfico y nuevos informes con ampliación de datos sobre el proyecto. A finales de ese año, Rivas firmó un convenio con Jarama Desarrollos Urbanísticos S.L. para hacer viable dicha construcción. En el primer trimestre de 2011, el Pleno municipal ratificaba el interés de construir el enlace y Fomento planteaba a Unión Fenosa la posibilidad de soterrar la vía de alta tensión Loeches-Vallecas, a su altura en la zona del Cristo de Rivas, con el mismo objetivo.

Pero, un año después, la R-3 y la R-4 entraban en concurso de acreedores. El proyecto quedó apartado de los planes estatales, a pesar de que llegó a crearse una comisión mixta de carácter técnico para tratar el caso. A partir de este momento, año tras año, se fue reduciendo la cuantía económica en los Presupuestos Generales del Estado destinada a este fin, hasta que desapareció definitivamente de las cuentas estatales en 2016.

Manifestación de vecinos del Barrio de la Luna

Manifestación de vecinos del Barrio de la Luna.

Mientras tanto, crecía la reivindicación en torno al proyecto en paralelo al incremento demográfico (Rivas ha aumentado su población desde 1999, año en que empezó a reivindicar un acceso a la M-50, en más de 55.000 personas), por los problemas de transporte y el tapón urbanístico que se estaban generando; eso sin contar que la M-50 se empezaba a dibujar, con los planes para la Cañada Real Galiana, como la nueva linde entre Rivas y Madrid. A estas alturas, y para facilitar su acometida tras los duros años de la crisis, Fomento ya había ratificado un nuevo proyecto para el enlace, cuya primera fase (consistente en una salida a la M-50 en dirección norte, hacia el eje de O’Donnell y el Corredor del Henares) está presupuestada en menos de 8 millones de euros. La iniciativa se incluyó en 2015 dentro de la campaña #Rivaslomerece, en la que se demandaban los principales equipamientos e infraestructuras regionales y nacionales de los que la ciudad carece. Por las mismas fechas se lanzó una campaña de recogida de firmas a través de Internet para apoyar la construcción del acceso, que recabó más de 6.400 apoyos.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos, tras una ronda de contactos del Ayuntamiento de Rivas con todos los grupos políticos, pidió en marzo de este mismo año que se dotase de presupuesto a la intervención y que se comenzara de forma inmediata. En diciembre de 2016, el Grupo Parlamentario Socialista preguntó a la mesa del Congreso de los Diputados sobre el proyecto, presentó una Proposición No de Ley para su consecución y pidió un nuevo estudio de viabilidad de la infraestructura. El Ministerio de Fomento respondió por carta que es el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid el que debe actuar de promotor de la obra y, por tanto, sufragar la misma. De hecho, concretaba que ni siquiera fue el Ministerio quien costeó la infraestructura, sino que lo hizo la concesionaria, con lo que no le correspondería ninguna responsabilidad de pago. El Ayuntamiento, sin embargo, defendía lo contrario: que Fomento, al ser propietario de la vía, debe hacerse cargo del coste de la infraestructura. Además, incidía en que Rivas es el único municipio de la M-50 que carece de acceso propio, a pesar de que es la decimoquinta ciudad más grande de la región.

Finalmente, y a pesar de los esfuerzos parlamentarios, las cuentas nacionales no contemplaron para este ejercicio el proyecto, al decaer una enmienda a las cuentas estatales para 2017 presentada por el Grupo Socialista para la construcción de este acceso, en la que reclamaban la inclusión de una partida cercana a los 8 millones de euros. Sin embargo, y pese a que se habían pronunciado a favor de promover en sus grupos la inclusión de dicha enmienda en las cuentas estatales para 2017 (y apoyado la ronda de contactos del Consistorio con sus respectivos grupos parlamentarios de referencia), PP y Ciudadanos votaron en contra de decenas de enmiendas, la relativa a la M-50 entre ellas, argumentando que “no eran constructivas” al superar la cuantía inicialmente prevista en el borrador de Presupuestos. De esta forma, el proyecto de la conexión ripense con la M-50 entraba de nuevo en vía muerta, alejando de nuevo la ciudad de la vía de circunvalación que discurre a apenas unos metros de su núcleo urbano

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